En los últimos días se ha llegado a un acuerdo entre los Gobiernos del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo que estima que todos ellos harán que las descargas de ficheros protegidos con copyright tendrán una sanción sobre los usuarios. Las interpretaciones de la decisión generalizada son múltiples debido a la ambiguedad de sus conclusiones. El cese del Internet para el usuario podría suceder sin una orden judicial previa ahorrándose un paulatino proceso legal.
Textualmente la norma aprovada sugiere el siguiente texto: “Las medidas tomadas por los Estados miembros en relación al acceso y uso de los servicios y aplicaciones en red deberá respetar los derechos y libertades fundamentales de la personas físicas, así como los principios generales de la ley comunitaria”.
Cualquier medida de este tipo, relativa al acceso o uso de servicios y aplicaciones a través de redes de comunicación por parte de los utilizadores responsables por restringir las libertados apenas pueden ser impuestas si fuesen apropiadas, proporcionales y necesarias en una sociedad democrática, incluyendo la tutela judicial efectiva.
Por consiguiente, esas medidas no pueden ser adoptadas sin respetar la normal del principio de prensunción de inocencia así como el derecho a la privacidad. Un proceso que incluye la defensa de las personas afectadas de acuerdo a los acuerdos metódicos en casos comprobados de urgencia. Así expone: “El derecho a una revisión judicial efectiva en un tiempo útil deberá ser garantizada”.
Esta última frase ha agitado la polémica aún con más fuerza. Algunos especialistas han considerado que esto significa que los internautas podrían recurrir las decisiones del gobierno a través de un sistema legal en los tribunales. A pesar de ello, especialistas justifican lo contrario.
El texto aprobado es difuso y esconde una intencionalidad no expuesta con brillantez y claridad abriendo paso a una serie de nociones y generando la máxima confusión posible en asuntos administrativos.
Los medios de BBC también son ambiguos cuestionando igualmente lo que debe ser un procedimiento “justo e imparcial”; El New York Times hace una relación directa afirmando que podrán abarcar a los usuarios sospechos de hacer actividades ilícitas en Internet pero después de una orden judicial; El líder del Partido Pirata sueco ha sido claro con sus comentarios afirmando que es la dirección correcta y que no será el fin de una Internet gratuita y libre.
Los más alarmistas presuponen grandes dificultades para volver a la era digital como era antes conocida. Este acuerdo final deberá ser ratificado durante los próximos días por sus responsables. La nueva directiva podría comenzar a entrar en vigor a partir del 2010. Los países de la Unión Europea contarán con un plazo de 18 meses para integrar las normas a sus legislaciones nacionales.
